Cuando el Ministerio de Educación y Cultura publica su informe anual de actividad cultural, los datos muestran una concentración casi absoluta en Montevideo. El noventa por ciento de los registros de espectáculos, exposiciones y eventos corresponde a la capital. Pero ese número cuenta solo lo que está inscripto en los registros oficiales, y una parte significativa de la vida cultural del interior de Uruguay opera fuera de esos registros, no por ilegalidad sino por una combinación de burocracia, desconocimiento de los mecanismos de inscripción y, en algunos casos, una decisión deliberada de mantenerse al margen de las estadísticas estatales. En Salto, un colectivo de teatro comunitario lleva nueve años funcionando con más de ciento veinte participantes activos sin haber solicitado nunca una subvención pública. En Tacuarembó, una biblioteca popular gestionada por vecinos tiene un fondo de más de cuatro mil volúmenes y organiza un ciclo de lecturas mensuales que convoca regularmente entre cuarenta y ochenta personas. En Las Piedras, a diecinueve kilómetros de Montevideo, tres iniciativas de arte visual surgidas entre 2018 y 2021 comparten un galpón reconvertido y han generado su propio circuito de ventas directo al comprador, sin intermediarios ni galerías formales. Ninguno de estos proyectos aparece en los rankings de actividad cultural que circulan en medios nacionales. Su ausencia no refleja su irrelevancia, sino los límites de los instrumentos de medición disponibles.
Lo que estas iniciativas comparten no es solo la geografía periférica. Comparten también una lógica de funcionamiento basada en la red social directa antes que en la institucionalidad. Las convocatorias circulan por grupos de mensajería, los recursos se consiguen a través de donaciones de materiales o trabajo voluntario, y la continuidad depende de uno o dos referentes que conocen personalmente a casi todos los participantes. Es una estructura frágil en términos de sostenibilidad a largo plazo, pero extremadamente ágil en términos de adaptación: cuando la pandemia cerró los espacios físicos en 2020, varios de estos colectivos migraron a formatos digitales en cuestión de semanas, antes de que las instituciones culturales formales hubieran terminado de procesar el cambio. El desafío de los próximos años no es integrar estas iniciativas al sistema formal, sino encontrar formas de apoyo que no exijan una transformación institucional que destruya lo que las hace valiosas. Ese es un debate que merece más espacio del que le dan los informes anuales.